estudiantesem@gmail.com

Crisis educativa: ante su segregación, ¡pasamos a la ofensiva!

Created with Sketch.

Crisis educativa: ante su segregación, ¡pasamos a la ofensiva!

Comparte

El inicio del curso 2020/21 está poniendo de manifiesto, una vez más, que el sistema educativo y las políticas que lo desarrollan están completamente pensados para aquellas estudiantes cuyas familias pueden destinar grandes sumas de dinero a facilitar el cumplimiento total de sus ciclos académicos.

La crisis capitalista acelerada por los efectos de la pandemia sobre la economía ha hecho que, como siempre, las peor paradas hayamos sido las clases populares, lo que se ha visto reflejado en una agudización de las problemáticas vividas en los centros de estudio.

Las jóvenes estamos viendo cómo nuestras familias tienen cada vez más dificultades para pagar los costes que conlleva la finalización de nuestros estudios, así como sufrimos un aumento de la segregación derivado de la perspectiva anti-popular desde la que las autoridades académicas están operando para adaptar la enseñanza a las medidas de prevención sanitaria.

Por lo tanto, desde Estudiantes en Movimiento analizamos que este nuevo marco material, de mayor urgencia para nuestro pueblo, requiere de un paso adelante en nuestra lucha, debiendo de volcar toda la capacidad que tenemos como red para intensificar y profundizar en una lucha sindical que ahora va a tener que atender a nuevos y grandes focos de conflictividad.

Este es el análisis que nos ha llevado a querer poner de relieve los ejes en torno a los que se van a vertebrar las principales problemáticas de las estudiantes de EEMM, FP y Universidad de nuestro país, enfocando los materiales agitativos estatales para que sirvan a la intervención sindical proyectada desde la base.

  1. Condiciones sanitarias garantistas: la única vuelta segura a las aulas es mediante la inversión.

Criminales que especulan con nuestra salud: ¡barrámoslos!

Encarando el inicio del curso, las altas cifras de contagios de la COVID-19 siguen evidenciando las condiciones nefastas en las que se encuentra una educación pública mermada por años y años de recortes y privatización.

Ha tenido que llegar una pandemia para poner de manifiesto que, en nuestro país, miles de estudiantes tienen clase en barracones y en grupos de 40 en aulas pensadas para 20 y profesoras.

La sobredimensión de tanto las ratios contempladas por el previo marco normativo como las de los grupos que se acababan conformando en la práctica ya era extremadamente grave antes de tener que guardar normas de distanciamiento social. Sin embargo, esta situación, con anterioridad a la pandemia, derivaba en unas dificultades que afectaban en el mayor grado a aquellas estudiantes de la pública cuyas familias no contaran con la capacidad económica como para compensar las deficiencias de la enseñanza en las aulas con clases de refuerzo, así como ambientes privados poco propicios para la asunción de una mayor responsabilidad a nivel individual.

Ahora, cuando la vuelta de las estudiantes a esas deplorables condiciones también conlleva un riesgo sociosanitario de gran magnitud, el inicio del curso ha ocupado por primera vez una posición destacada en la agenda mediática y ha supuesto un foco de contradicciones para un Gobierno central y administraciones autonómicas y universitarias que han tratado de resolverlas mediante protocolos que priorizan los malabarismos logísticos sobre la inversión en el sector.

Precisamente, desde Estudiantes en Movimiento analizamos que no es viable garantizar la salud de las estudiantes y trabajadoras de la comunidad educativa sin realizar un incremento extraordinario y drástico de la inversión en la Educación Pública. Así todo, no debemos entender esta reivindicación con un carácter temporal, sino como una táctica enfocada a aprovechar la agudización de la conflictividad para potenciar nuestro programa popular.

2. No al estudio telemático: que no se inicie el curso sin ser de forma presencial. 

El tele-estudio segrega: no todas tenemos ordenadores, buena conexión o estabilidad emocional, familiar y vital. ¡Que no lo normalicen!

Durante el confinamiento ya analizamos las graves consecuencias que traía el estudio telemático para las estudiantes de extracción popular. Señalábamos que no todas contamos con las mismas facilidades a la hora de acceder a dispositivos electrónicos. Según ya denunció CCOO durante el Estado de Alarma, cerca de un 33% de las estudiantes no cuentan con todos estos medios en su hogar. Cabe esperar que, tras el estallido de una nueva crisis económica y la pérdida de miles de empleos, la situación pueda ser incluso peor de cara a este curso 2020/2021. El contexto económico empeora cuando hablamos de estudiantes de Enseñanzas Medias que dan sus clases ordinarias en barracones o en institutos infrafinanciados, donde no se cuenta ni siquiera con un mínimo de recursos TIC con los que poder afrontar el estudio telemático.

Sin embargo, también podemos señalar que, más allá del acceso a determinados recursos electrónicos, el estudio telemático supone el desplazamiento del desarrollo académico de la estudiante de lo público a lo privado, potenciando las diferencias de clase: no todas tenemos una habitación para nosotras donde estudiar, la estabilidad familiar y vital como para organizar una jornada de estudio en nuestra propia casa y, en el caso de las mujeres, la exención de cuidados reproductivos en sus hogares.

Además del encuadre socioeconómico, también analizamos que el estudio telemático es de por sí deficitario en comparación con las clases presenciales; los conocimientos, aun en aquellos casos en los que las estudiantes cuenten con los medios debidos, se desvirtúan: es mucho más difícil lograr la interiorización de los mismos y, además, se pierde toda la posible parte práctica que pueda formar parte del temario por la imposibilidad de realizarla a distancia en la mayoría de las ocasiones.

Este curso nos encontramos con la introducción de la enseñanza bimodal en la mayor parte de las Universidades del Estado; ello implica que, en caso de que no se pueda garantizar la separación de 1,5 metros entre estudiantes, se desdoblarán los grupos y una parte de ellos seguirá la clase presencial mientras la otra parte visualice una retransmisión de la clase desde sus hogares. Cabe destacar que la mayoría de las Universidades han resuelto establecer estos grupos por sorteo y sin atender al contexto socioeconómico de las estudiantes, cuestión que acentuará las problemáticas ya expuestas.

En el caso de las Enseñanzas Medias, muchas CCAA ya han anunciado que, a partir de 3º de la ESO, se llevará a cabo un modelo de enseñanza semipresencial similar al ya expuesto con las Universidades en aquellos grupos que superen las 20 estudiantes (que son la gran mayoría de los grupos debido a la situación de financiación de la escuela pública a nivel estatal). Ello supondrá que, en los centros privados/concertados, donde se cuenta con mayor financiación y más recursos, habrá muchas más facilidades para dar clases presenciales, pues estos han demostrado ser capaces de garantizar unas ratios menores en cada aula al poder destinar mayor inversión a cada estudiante.

Resulta alarmante que, más allá de las medidas de excepcionalidad que se están tomando, muchas CCAA están dando avances generales con perspectiva permanente en lo que se refiere a digitalización de la enseñanza, aun siendo conscientes los Gobiernos regionales de que muchas estudiantes no cuentan actualmente con los medios suficientes para seguirla. Ello supone un paso adelante en elitización de la enseñanza y, además, en privatización; ante la falta de recursos y de plataformas digitales estables ofertadas por las Administraciones públicas, la mayor parte de los centros se decanta por incorporar Google Classroom o Microsoft Teams, lo que supone, en la práctica, dejar la educación pública en manos de multinacionales extranjeras que dispondrán de los datos académicos de las estudiantes y cuyas decisiones condicionarán el desarrollo de la enseñanza en nuestro país.

Por todo ello, desde Estudiantes en Movimiento debemos posicionarnos tajantemente en contra de cualquier paso adelante en lo que se refiere a la semipresencialidad de la educación en el contexto de crisis actual. Además, tenemos que denunciar activamente los intentos de aprovechar la coyuntura del momento para establecer políticas que contribuyan a normalizar la enseñanza digital para que esta se convierta en una realidad de facto aun cuando termine la situación de excepcionalidad.

3. Aumento generalizado de las plazas públicas en ciclos de FP. 

La FP no es menos: ¡financiación y dignificación!

Las oportunidades de inserción laboral para los egresados de ciclos de Formación Profesional (FP) frente al Bachillerato y los estudios universitarios son, generalmente, más frecuentes: los contratos firmados por jóvenes que vienen de ciclos FP son más numerosos que los de quienes han ido a la universidad, el porcentaje de inserción laboral de egresados en FP supera el 70% y cada vez más puestos de trabajo solicitan este requisito en lugar del de titulaciones universitarias. De hecho en 2018 aproximadamente un 42% de las ofertas de trabajo publicitadas demandaban un grado de FP, superando, por primera vez, a aquellas que requerían un título universitario (38,5%), Además la Formación Profesional básica y media permite a las estudiantes que no terminan la ESO y Bachillerato la posibilidad de continuar con los estudios sin caer en el fracaso escolar. Por si fuera poco el importante papel que tiene para combatir el abandono escolar, esta modalidad educativa permite solucionar en gran medida el problema de sobrecualificación que se tiene en la formación de los trabajadores. En definitiva, esta formación genera profesionales con una cualificación media en una masa de trabajadoras extremadamente polarizada en dos extremos, por un lado la de aquellas con nula formación y por otro la “sobrecualificación” profesional.

Las mayores tasas de inserción laboral han convertido a la FP en un sector de gran interés para aquellas jóvenes que buscan formarse en el corto plazo de cara a una búsqueda lo más temprana posible de trabajo. No obstante, a pesar de la creciente demanda de estos estudios y aunque las posibilidades de conseguir un empleo son mayores desde 2009 hasta 2015, el gasto público en la partida que incluye la FP ha ido disminuyendo hasta dos millones de euros y los beneficios que tiene esta modalidad para la distribución formativa que tiene la clase trabajadora. Estos recortes sucesivos en la partida dedicada a educación profesional pública además de la poca financiación de la que ya se partía provoca que a día de hoy no se garantice la universalidad en el acceso consiguiendo una progresiva privatización de la enseñanza además de una mayor precarización a través de prácticas en empresas o centros de trabajo. 

En este mismo curso 30.000 solicitantes se han quedado sin su plaza en tan solo la comunidad de Madrid aunque este no es un caso puntual, sino que en todo el Estado español las cifras de solicitantes no aceptadas son realmente enormes en comparación con el pequeño grupo que sí son admitidas.. Este agujero del sistema educativo público ha creado una demanda en el sector privado que cada vez está ofertando más y más plazas aprovechándose de las deficiencias ya comentadas. Esta tendencia, que tiene una clara consecuencia segregadora para aquellas que no puedan pagar el coste de la matrícula de los centros privados y que no logren ser admitidas en los públicos, se va a agudizar en adelante dadas las crecientes dificultades materiales de las clases populares.

Además la regulación actual de las prácticas no hace más que facilitar las posibilidades de explotación de la juventud que generalmente tienen que asumir el rol de mano de obra gratuita sin realmente formar al estudiante. Aunque muchas empresas lo olviden, el estudiante no solo debe servir para el puesto de trabajo que ocupa dentro de la empresa en la que se realizan las prácticas, sino que debe aportar una formación integral y completa al estudiante para toda su carrera como profesional. Es por ello que se debe establecer un marco legal que laboralice la situación de las prácticas en centros de trabajo y se dejen de extender las prácticas no laborales sin hacer un seguimiento de la formación que se realiza y evaluar su calidad e idoneidad para la inserción laboral y educación del estudiante.

Por todo ello, desde Estudiantes en Movimiento debemos aprovechar el aumento de la conflictividad en torno a una FP infrafinanciada y de oferta insuficiente de plazas en los centros públicos para potenciar nuestra intervención en este sector; como grandes ejes; la garantía de acceso, el aumento de la calidad, la laboralización de las prácticas y la dignificación subjetiva de la propia FP -en tanto que sector del sistema educativo más próximo a la conversión de la estudiante en clase obrera-.

.4. Reducción de las tasas y aumento de becas

Sus barreras crecen. ¡Cojamos impulso y saltemos a la ofensiva!

El estallido de la actual crisis económica, que tiene en la pandemia de la COVID-19 el último factor acelerador, ha sembrado una situación de mayor miseria material para las clases populares de España.

Las familias de las estudiantes se han visto golpeadas por el aumento del desempleo y la incesante subida de recursos indispensables como la vivienda, el gas, la luz o el combustible.

Precisamente, a estos gastos se les suman los ligados al desarrollo académico de las jóvenes. En nuestro país, el carácter público de nuestro instituto o facultad no conlleva que nuestra formación esté exenta de cargas económicas, que ahora se erigen como unas barreras todavía más altas para saltar. Las tasas académicas para el acceso a un ciclo o un grado, las fijadas para la expedición de los títulos y las desembolsadas de forma previa a la realización de las pruebas de selectividad se suman a los costes del material necesario para las tareas académicas hasta dar como resultado cifras desorbitantes en términos globales. Estas son a todas luces inasumibles por unas familias trabajadoras que, además, no llegan a ser atendidas mínimamente por un sistema de becas deficitario por su extensión y, especialmente, por su concepción, pues no se parte de la asunción del estudio como una actividad de necesario blindaje económico y, por lo tanto, amparada por una retribución.

Como ya hemos señalado, la entrada definitiva en la actual crisis económica, además de haber traído nuevas problemáticas a los centros de estudio -tal y como es el avance de la enseñanza telemática- también agrava los efectos de las principales herramientas de segregación que ya existían anteriormente. Por lo tanto, nuestra acción sindical no solo debe orientarse hacia el potencial conflictual de las nuevas problemáticas, sino también a la lucha por la supresión de estas grandes barreras preexistentes y crecientes en gravedad conforme avanza el agravamiento de las condiciones materiales de las familias.

Tags:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CAPTCHA


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.