Las prácticas son trabajo: ¡NO A LA LEY DE FP!

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional presentado el pasado mes por parte del Gobierno central es la punta de lanza de una reforma general de la Formación Profesional con la que este pretende solucionar las debilidades puestas de manifiesto por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional: en España hay un gran volumen de trabajadoras de baja cualificación (48%) y muy pocas con una media (26%). Por lo tanto, nos enfrentamos a la última reforma educativa pensada para adaptar la escuela a las necesidades empresariales.

La Formación Profesional se antoja como el sector al que reconducir a las jóvenes de extracción popular para fornecer ese amplio sector de trabajadoras con una cualificación media que se pretende que alcance a la mitad de la población activa en apenas cuatro años. No podemos olvidar que, tal y como hemos realizado durante los últimos meses, el engrosamiento de la FP y la expulsión de las jóvenes de extracción obrera de la Universidad son dos tendencias que no se entienden en nuestro contexto la una sin la otra.

1. Generalización del formato dual: extensión de la mano de obra barata para las empresas

El formato dual se extiende a todos los ciclos de la FP, generalizando que la “Formación en el Centro de Trabajo” pase a abarcar entre un 25% y un 35% de la duración de la formación y un 20% de los resultados; la única excepción será la del régimen “avanzado”, caso en el que la horquilla de duración se establece entre el 35% y el 50% y los resultados asumidos por la empresa en el 40%. Este último es, sin embargo, el único para el que se recoge una relación contractual por la actividad de la joven, restando la gran mayoría de estudios como una vía para la obtención de mano de obra barata para las empresas.

Consecuentemente, el mayor ataque que contrae la aprobación de esta Ley es la ampliación del margen que las instituciones le dotan a las empresas para que accedan a los convenios de formación en prácticas para, así, cubrir puestos de trabajo con estudiantes con muchos menos derechos.

Este incremento de horas de prácticas, sumado a la falta de límites hacia las empresas, extienden la facilidad de estas para contar con mano de obra barata. En la actualidad, ya contamos con lugares en los que es habitual que una empresa tenga una plantilla compuesta mayoritariamente por becarias con lo que, con el modelo actual, las que siguen este modelo lo tendrán mucho más fácil para contar con muchas más estudiantes en condiciones precarias. La solución debe pasar por un límite proporcional de becarias en cada centro de trabajo pues, de lo contrario, la mano de obra barata seguirá siendo la norma.

Ciertamente, la generalización del carácter dual de la FP se ve condicionado por la legislación vigente en cada Comunidad Autónoma, pues en cada una varía el reconocimiento de derechos que puede tener una estudiante en un centro de trabajo. Lo cierto es que, en la inmensa mayoría, los derechos con los que se cuentan son muy reducidos y ello contribuye a aumentar el carácter precario de este modelo de enseñanza para las estudiantes de extracción obrera.

2. Máster de especialización: ¿el mismo modelo que la Universidad? La misma segregación

El notable aumento de la formación en el centro de trabajo también conlleva que los ciclos pierdan parte de los contenidos más “teóricos” que hasta ahora recogían. Así, la parte más avanzada se disecciona de estos y pasan a formar el grueso del contenido teórico de unos “máster” de especialización que, al presentar un precio mayor, no estarán al alcance de los sectores sociales más pauperizados. En definitiva, observamos cómo la ampliación cuantitativa del sector de la FP viene acompañada de su acompasamiento a la reproducción social.

Además, la carga de contenidos “adicional” respecto a los que hasta ahora reportaban los ciclos resulta difícil de encajar en un sector como la actual FP, pues carecen de sentido en la mayoría de profesiones ya que las posibilidades reales a las que nos enfrentamos en los puestos de trabajo no necesitan de un incremento de nuevos instrumentos académicos.

Por otro lado, caemos en el peligro de que estos másteres vengan a reemplazar a los cursillos de formación interna de las empresas, abaratando aún más los costes que estas deben asumir mientras se incrementa la especialización y se reduce la formación de las clases populares al expulsarlas con el previsible encarecimiento del coste de su educación.

3. La consigna de la flexibilidad como paraguas discursivo de la subordinación a las demandas empresariales

La aparición de los másteres especializantes está contemplada como parte de una reforma “flexibilizadora” basada en cinco grados ascendentes:

• Grado A: Acreditación parcial de competencias.
• Grado B: Certificado de Competencia Profesional.
• Grado C: Certificado Profesional.
• Grado D: Ciclos Formativos > Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior.
• Grado E: Cursos de especialización > título de especialista y Máster Profesional.

El carácter dual, tanto en régimen general como en avanzado, se concentra en los ciclos de los Grados C, D y E.

Es cierto que, de esta forma, los itinerarios pasan a estar únicamente determinados por las “expectativas profesionales” o de “las circunstancias personales” de cada una, pero, si miramos más allá de la superficie, nos encontraremos con que lo primero es sinónimo de precariedad y explotación y lo segundo de inestabilidad vital.

Por otra parte, esta gradación también la podemos asociar a la conjunción de enseñanza y trabajo a la que se ven forzadas las estudiantes en situación precaria; los primeros grados ya sirven para que la estudiante pueda empezar a trabajar funcionando como mano de obra barata con poca cualificación. En el caso de las estudiantes de extracción obrera y popular, muchas deberán conjugar el estudio de los grados siguientes con un trabajo. Conforme se aumenta en la escala, más probable será que una estudiante obrera quede descolgada al tener cada vez más dificultades para compatibilizar trabajo y estudios, lo que empujará a la expulsión del sistema educativo a muchas de ellas en función de su situación socioeconómica y hará, una vez más, que se reduzca la cualificación de muchas estudiantes y que aumente aún más su situación de precariedad, al agudizarse su condición de mano de obra barata.

4. Conclusiones

Nos encontramos, en definitiva, con una ley que viene a cubrir la necesidad de la ultraespecialización en el ámbito laboral, acorde con la voluntad que muestran las empresas en este momento. Queda visto que la ley en sí no surge de las necesidades de las estudiantes, sino que se enmarca en un contexto de segregación y elitización creciente de la enseñanza.

Desde Estudiantes en Movimiento seguimos apostando por la laboralización de las prácticas de FP, reconociéndolas como trabajo como tal que son y asegurando a las estudiantes los mismos derechos que a cualquier otra trabajadora. La voluntad de esta ley es justo la contraria; no surge en ningún momento de la intención de homogeneizar en derechos a las estudiantes de estas enseñanzas, sino de extender la precariedad a lo largo de todo el Estado con la complicidad del Ministerio de Educación y FP y del Ministerio de Trabajo, pues ambos tienen competencias en el desarrollo de la FP. Una vez más, seguimos defendiendo la organización estudiantil como vía para lograr un marco legal que realmente nos defienda como estudiantes y no nos condene a ser mano de obra barata y a estar a las órdenes de los intereses empresariales.