MISMO PERRO, DISTINTO COLLAR
CON CASTELLS O SUBIRATS, ¡SEGUIREMOS LUCHANDO CONTRA SU REFORMA MERCANTILIZADORA Y POR UNA EDUCACIÓN POPULAR!
El nuevo cambio en las carteras del Gobierno viene dado por la dimisión de Manuel Castells como ministro de Universidades, cargo que asume Joan Subirats; la reforma de las partidas de becas o la gestión durante la pandemia han sido quizá las actividades más tangibles por el estudiantado durante estos dos años en los que Castells ha estado en el cargo, pero la cuestión es más amplia.
La nula planificación educativa durante la pandemia, la exclusión del personal universitario del plan de vacunación y la escasa inversión en medidas sanitarias que se dieron y siguen dándose, fueron síntomas de un modelo educativo dependiente de un sistema injusto donde quedó al descubierto cómo la mejora de las condiciones del estudiantado no importan ni en una situación tan extrema como la que vivimos. Todo esto apoyado por la colaboración de rectorados que presumían de lo seguras que eran sus universidades, cuando la realidad es que nuestros centros de estudio —durante las clases, prácticas o exámenes— fueron donde menos seguridad sanitaria comprobamos tener, y mucho menos si contamos con un transporte público insuficiente, abarrotado e inseguro; a su vez, por la imposibilidad de un modelo presencial seguro tras años de recortes y privatización en la enseñanza, nos vimos forzadas a una educación telemática clasista y excluyente en la que no se contempló la heterogeneidad en la realidad de todo el estudiantado en cuanto al acceso a ordenadores, a buena conexión o a la estabilidad emocional, familiar y vital.
Por otra parte, aunque el umbral de becas completas ascienda y la nota media para acceder a ellas disminuya, estas medidas no dejan de ser reformas insuficientes con las que aún así gran parte del estudiantado se sigue quedando fuera de poder optar a ellas. Además, mantiene el requisito académico de la porción variable de la beca, cuando son precisamente quienes más la necesitan aquellas que no pueden compatibilizar el estudio con su situación económica para asegurar esa nota. Y aunque el Gobierno se vanaglorie de esto, este pequeño avance lo hemos conseguido con la presión de los sindicatos estudiantiles tras casi una década de movilizaciones contra las políticas elitistas y segregadoras que nos han impuesto. Un pequeño paso del que se pretenden apropiar a sabiendas de que no altera el curso general de la reforma universitaria auspiciada por la Unión Europea y orientada a satisfacer el interés capitalista.
El período de crisis económica que sufrimos de nuevo, del que las estudiantes de clases populares salimos más perjudicadas, no se soluciona con medidas cortoplacistas a modo de parche con las que contentar a una parte del estudiantado como son las becas de este sistema educativo: una educación pública y gratuita es lo que garantiza económicamente que sea accesible para todas las personas.
Con todo esto, el balance más significativo podemos hacerlo repasando la actividad parlamentaria más notable como fue la redacción de las nuevas leyes de Universidad. El exministro Castells, caracterizado por sus limitadas apariciones y reconocido por su ausencia, el único contacto con el estudiantado que tuvo fue asistir a un CEUNE con la LOSU ya redactada, sin darnos ninguna posibilidad de que nuestros puntos de vista se materializaran; después nos convocó a una reunión con el texto de la ley ya cerrado para pasar al Congreso, con la única respuesta de que “valorarían parcialmente” una de nuestras propuestas: la gratuidad de aquellos servicios ligados a requisitos para obtener un título de grado o máster, como puede ser la prueba del B1 en muchas universidades.
Esta ley, que vende como modernizadora, está profundamente subordinada a las dinámicas capitalistas y el interés de las empresas que nos quieren como mano de obra barata. Una ley que en su redacción encontramos la imagen recurrente de la “calidad” de la educación, pero siempre bajo el pensamiento neoliberal de este concepto: la calidad sujeta al mercado y los beneficios empresariales, que despreocupadamente publican que esta calidad la determinarán Agencias de Calidad a nivel europeo, las cuales funcionan en favor de criterios elitistas y mercantilistas, sin límites especificados dentro de la ley. De forma totalmente antidemocrática, lejos de una evaluación desde el estudiantado y nuestros intereses el nuevo modelo queda antes en manos del capital europeo y el beneficio empresarial.
Sin embargo, lo que sí refuerza es el papel del Consejo Social como órgano, el único que incorpora a empresas nominalmente en su composición: se encargará de toda gestión financiera y presupuestaria, a la vez que marcará la relación mutua entre la Universidad y las empresas del entorno, ubicando así toda cuestión económica que condicione al estudiantado en manos de empresarios.
En esta línea la ley también establece la “Mención Dual” mediante la que grados y másteres quedan a caballo entre competencias universitarias y de las empresas, exponiendo aún más al estudiantado al mercado y sus especulaciones, sirviendo de mano de obra precaria sin regular de manera alguna los derechos laborales estudiantiles, dando así carta libre a las empresas para explotarnos y que les regalemos nuestra fuerza de trabajo; La LOSU también introduce la figura de “Profesor Distinguido” y de “Doctorado Industrial”, desplazando la cuestión docente e investigadora que pueda favorecer nuestra educación e innovación, en pro de los intereses corporativos y premiando a quien reproduzca los ideales capitalistas; la ley también cojea en cuanto a la desprotección de las estudiantes al no recoger protocolos de prevención o apoyo a acosos por diversidad funcional, de etnia o de identidad sexual, demostrando no ser para nada inclusiva. O ante el aparente compromiso en mejorar el sistema de becas, no se blinda de ningún modo la inversión y la cobertura que requiere, de forma análoga a la modificación en estas antes denunciada.
A todo este proceso segregador y de mercantilización al que se está sometiendo la Universidad le allana el terreno otra ley, la ya aprobada LCU que refleja el auge represivo en los centros de estudio que venimos notando con más presencia policial en los campus o las sanciones contra estudiantes que se organizaron contra políticas injustas pasadas.
La Ley de Convivencia Universitaria, pese a sustituir un caduco reglamento franquista de los años cincuenta, sigue siendo regresiva: criminaliza la protesta legítima de forma que con esta ley a cualquier estudiante que haga un piquete informativo o un escrache se le puede revocar el derecho de matrícula al año siguiente. La LCU no cumple su objetivo de aumentar las garantías democráticas para la comunidad educativa, sino que pretende moldear nuestra conciencia de clase, desarticular nuestra respuesta y desmovilizarnos precisamente en un contexto donde las contradicciones y el descontento puede generar conflictos en las facultades.
El Ministerio que dirigía Castells ha demostrado ser íntegramente antidemocrático al no haber tenido en cuenta las aportaciones a las normativas que se han ido elaborando, y no solo no haber establecido ningún mecanismo participativo en las Universidades sino que tuvo intención de introducir en la LOSU que la elección del Rectorado y los Decanatos recayera en un órgano que podía componerse en gran parte por perfiles empresariales, de forma que representaran hasta tres veces el peso del estudiantado. En cualquier caso, este modelo demostrará ser injusto y autoritario en la toma de decisiones hasta que persiga la defensa de la participación real del estudiantado y la lucha contra la represión en las instituciones de educación superior.
Asimismo, de nuevo la defensa del ministro de Universidades que se incorpora viene enfocada en su currículum y sus méritos académicos, desplazando descaradamente la cuestión de clase y de lucha que debería personificar quien ocupe este cargo al menos, aspectos que se quedan en meras menciones a la trayectoria política institucional como en el caso de Subirats al formar parte del círculo de Ada Colau. Está en nosotras el denunciar el academicismo que funciona para legitimar la explotación del estudiantado y de toda la clase trabajadora, en vez de que estas personas destinen esa formación intelectual como herramienta con la que podamos concienciar a las estudiantes e informar. Recordemos que son este tipo de normativas supeditadas a las dinámicas capitalistas que venimos denunciando las que forman e instruyen a estos ministros tan cualificados, por lo que en ningún caso es indicativo de que sea de provecho para la lucha estudiantil.
Lo de ahora no es más que un cambio de caretas que apunta a que todo seguirá igual: el Gobierno ya ha demostrado servir a los intereses empresariales y no a los de las estudiantes, como evidencia un modelo universitario que expulsa a las clases populares de los centros de estudio, que segrega.
El problema no se personifica en un ministro u otro en sí, sino en la relación social capitalista que hace que quienes ocupan cargos de dirección como en el Ministerio de Universidades lleven a cabo políticas injustas y discriminatorias como las que sufrimos el estudiantado.
Por eso no solamente presionaremos y nos mantendremos atentas y vigilantes a las funciones de Subirats, sino que seguiremos luchando y organizándonos por una educación totalmente pública, gratuita, de calidad, igualitaria y, en definitiva, popular.