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SIGUEN ECHANDO AL PUEBLO: EL NUEVO BORRADOR DE LA LOSU

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SIGUEN ECHANDO AL PUEBLO: EL NUEVO BORRADOR DE LA LOSU

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Tras la llegada al Ministerio de Universidades de Joan Subirats, se prometió una modificación completa de la LOSU partiendo del “diálogo con la comunidad universitaria”. Se abrieron mesas de negociación y, meses después, el 9 de mayo, se ha presentado un nuevo borrador que pretende subsanar los errores de fondo del anterior y servir como “ley consensuada”.

Lo cierto es que este nuevo texto no supone un avance para el estudiantado de clases populares en comparación con la antigua propuesta. A continuación repasamos algunas de sus novedades que como estudiantes nos son más relevantes.

Financiación

Para contentar a quienes se habían quejado de la “injerencia de la ley en la autonomía en las universidades” (principalmente, los Rectores), la nueva redacción de la LOSU aumenta la autonomía de estas en gran medida, y se ampara en esto para colar una nueva concepción de “autonomía económica y financiera”. Esto, unido a la inclusión del mecenazgo privado como fuente de ingresos en los presupuestos, acentúa aún más el papel de las empresas dentro de la Universidad y su papel para determinar el rumbo de esta.

Es cierto que se eliminan los artículos referidos exclusivamente a mecenazgo y patrocinio, pero no porque se dejen de contemplar, sino porque ya vienen regulados en otras leyes, así que no cabe hablar de avance en este sentido.

Además, a pesar de recoger que se destinará, como mínimo, un 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas. Aún con ello, este 1% se da dentro del marco del 5% planificado en la LOMLOE para educación, que desde Estudiantes en Movimiento ya hemos señalado que es claramente insuficiente para asegurar una educación accesible para las clases populares. Ninguna inversión por debajo de un 7% del PIB destinado totalmente a una única red pública puede suponer una mejora suficiente para las clases populares.

La formación a lo largo de la vida

En la línea del resto de la reforma educativa, que en el caso de la Formación Profesional se ha materializado, entre otras, en la creación de másteres de especialización como vía para segregar, el nuevo borrador de la LOSU recoge la llamada formación a lo largo de la vida. Entendemos que el concepto en sí no es negativo (nada tendría de malo, a priori, seguir formándonos sobre el campo de nuestros estudios con el paso de los años); el problema, una vez más, es lo que supone en la práctica.

Esta formación a lo largo de la vida se materializa en “microgrados” y “microcredenciales”, es decir, titulaciones con un menor número de créditos. Conviene hilarlo con el desarrollo de la política universitaria en los últimos años: el Decreto 3+2 fue paralizado por la movilización estudiantil de principios de la década de 2010, pero la política de la Unión Europea ha asegurado que se vaya a acabar materializando tarde o temprano. Fue durante la pandemia cuando el exministro Castells incluyó los grados de 180 créditos ECTS en su propuesta de Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, que acabarían siendo desechados por el descontento que generaron.

Las titulaciones de corta duración para “complementar lo estudiado a lo largo de la vida” son, potencialmente, una herramienta con la que aplicar paulatinamente la misma medida. Con un recorte paulatino de los contenidos de los grados (materializable a corto plazo a través de los formatos duales, que inevitablemente reducen carga teórica y lectiva y ya vienen contemplados en la LOSU), estas microtitulaciones vienen a “completar” el contenido recortado. Así, se reduce la enseñanza recibida para el grueso del estudiantado, lo que “justificaría”, a ojos de las empresas, una menor remuneración por su trabajo, mientras se deja el conseguir una titulación equivalente a la anterior solo a quien pueda permitirse la microtitulación (que, precisamente por no tratarse de grados ordinarios, pueden llegar a diferir notablemente en precio).

El objetivo, por tanto, es el mismo que el de toda la reforma: segregar al estudiantado por situación socioeconómica y reservar la mayor especialización (con una mejores condiciones laborales a futuro) sólo a quienes puedan permitírsela.

Derechos del estudiantado

Tras el gran revuelo que causó la primera versión de la ley por centrarse muy poco en el estudiantado, este nuevo borrador incluye un título exclusivo para este. Sin embargo, en el fondo es una reordenación del contenido que ya venía recogido, de forma explícita o implícita, en el borrador anterior.

Se recogen las funcionalidades atribuidas al CEUNE, pero no van mucho más allá de lo estético: están orientadas a que el estudiantado pueda “opinar”, “pronunciarse” y “defender sus derechos”, pero, a nivel práctico, el poder de decisión sobre cuestiones concretas es prácticamente nulo.

Esta falta de mecanismos de democracia interna también atañe al Claustro y al Consejo de Gobierno. Si bien se establecen unos mínimos de representación del estudiantado en los mismos, 25 y 10% respectivamente, nuestro papel en la toma de decisiones sigue siendo mínimo porque, además, sus decisiones están condicionadas por las que tome, paralelamente, el Consejo Social; es decir, en última instancia están subordinadas al interés empresarial.

Podemos destacar el que se incluya como indispensable en todas las universidades un servicio de atención psicológica gratuita para el estudiantado, pero lo cierto es que este es claramente insuficiente: ni se detalla una composición mínima ni se fija una ratio de personal por estudiante (más allá de decir, vagamente, que será “suficiente”), además de estar orientado al acompañamiento psicopedagógico, cuando los problemas de salud mental que arrastramos son, en muchos casos, mucho más profundos y no están solamente circunscritos a lo académico, sino directamente relacionados con nuestras condiciones de vida.

Por otro lado, ha causado cierta repercusión mediática el reconocimiento de la huelga estudiantil como derecho del estudiantado (tal y como lo recoge la ley, “paro académico”), pero es algo capaz de convertirse en un arma de doble filo. Se fija que el “paro académico” no se puede separar del “derecho a la educación”; es decir, se ampara que cada estudiante pueda decidir individualmente no ir a clase un día de huelga estudiantil, pero no que se pare la actividad lectiva, lo que en la Ley de Convivencia Universitaria se considera una falta grave y se castiga con expulsiones de hasta un mes y/o privación del derecho a presentarse a la convocatoria ordinaria. Además, deja las condiciones en las que se desarrolle en función de lo que decida cada Universidad, lo que hará que, según lo reaccionarios que sean los equipos de dirección de cada una, los requisitos que se requieran para hacerlo puedan ser muy difíciles de conseguir.

A pesar del bombo mediático que ha tenido el que ahora, supuestamente, las estudiantes vayamos a tener el poder suficiente para cambiar los planes de estudio y las condiciones de evaluación, la realidad que refleja el borrador de la ley está muy lejos de ser así: tan solo se hace referencia a que se garantizará una “participación vinculante del estudiantado en los planes de estudio y guías docentes”, sin decir de qué forma ni el peso de nuestro poder en ello. De poco sirve habilitar todos estos cauces si nuestro peso en las decisiones finales es un porcentaje insignificante.

Donde sí se explaya este nuevo borrador es en los Consejos Sociales; a pesar de las numerosas voces en su contra, esta nueva versión de la ley les aumenta con creces las competencias y llega a contemplar la creación de “comisiones conjuntas” emanadas del órgano donde puedan participar empresarios y parte de la comunidad universitaria que sirva, en la práctica, para estudiar conjuntamente cómo adecuar más aún el rumbo de cada universidad a los intereses del capital.

El colmo del cinismo viene cuando se incluye el derecho a “un diseño de las actividades académicas que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar”, en un claro momento de expulsión de las clases populares de la Universidad. En vez de articular mecanismos suficientes con los que garantizar que todas vamos a poder dedicarnos plenamente al estudio sin tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, en un momento en el que ser joven en situación de precariedad y tener que trabajar para pagarnos las matrículas está a la orden del día, tan solo se nos ofrece darnos facilidades para que no pensemos en dejar de trabajar. De nuevo, queda por encima el interés del capital.

Situación del profesorado

Bajo la supuesta premisa de reducir la precariedad, en el documento se plantea reducir la proporción del profesorado con contrato laboral temporal fijando en el 20% el máximo que podría representar en la plantilla del PDI; las universidades que no sean capaces, en tan solo unos meses, de reducir su plantilla de personal laboral temporal a este nuevo límite (antes se encontraba en el 40%) podrían perder su carácter administrativo.

Entendemos que esto no es más que una forma de buscar la reducción del número de universidades públicas y promover una privatización encubierta, en un contexto de mercantilización de la educación en su conjunto. Existen otras fórmulas para atajar la precariedad, como la planificación para la adecuación de las plantillas, que no pasan por la destrucción de la Universidad pública.


Queda visto que nos encontramos, de nuevo, ante una reforma que maquilla y retoca pero que no cambia nada a mejor. Se dan más facilidades para que las empresas hagan negocio de nuestra educación, se blindan las vías para expulsar a las clases populares de la Universidad y se introducen algunas mejoras estéticas (como poner todo lo relativo al estudiantado en un solo título) que hacen que parezca que realmente la ley mira por nuestros intereses cuando la realidad está bien lejos de ser así.

Siguen echando al pueblo y dejando entrar a las empresas. Y por ello seguiremos gritando: ¡no a la LOSU!

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